Viejas nuevas intermediaciones para la asistencia social

Actualmente, Argentina está en un proceso de desestatización y reprivatización de la vida social. El Estado reduce presupuestos y desfinancia servicios públicos de salud, educación y subsidios a servicios como el gas y la luz eléctrica. Así, abre las puertas a su privatización para que sean mercantilizados y no garantizados como derechos sociales. Junto con esto, se recorta y restringe el acceso a programas sociales como el Potenciar Trabajo y Alimentar Comunidad. Estos servían de resorte para generar estrategias de reproducción cotidiana en las familias más empobrecidas que pasan a depender del mercado para la resolución de sus necesidades diarias. En este proceso, cuando los servicios no son mercantilizados -porque no son rentables-, son tercerizados a otros agentes de la sociedad civil, como ONGs e iglesias. 

No obstante, en diciembre de 2023, entre sus primeros anuncios el nuevo gobierno nacional dictaminó la “pulverización de intermediarios” para la asignación de planes sociales, sacando la posibilidad a las organizaciones de gestionar estos recursos a través de su trabajo territorial y de relación con las personas de los sectores populares. Esta medida se tomó con el argumento de que las organizaciones sociales -identificadas despectivamente como piqueteras- “se quedan con el negocio de la política”, apropiándose de beneficios económicos con la gestión de estos fondos. De este modo demoniza la labor territorial de las militancias barriales. 

En este contexto, el Ministerio de Capital Humano anunció un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), generando una fuerte polémica. A priori, no sería algo negativo que el Estado favorezca la participación en las políticas públicas de este tipo de organizaciones basadas en la fe, ya que son parte del escenario social e históricamente han asumido tareas de asistencia de manera autónoma y autogestionada. Pero, ¿acaso no se querían eliminar las intermediaciones? ¿por qué unos sí y otros no? 

Empecemos por comprender quiénes son estos actores sociales. ACIERA es una organización que nuclea a un sector de iglesias evangélicas de todas las provincias. Esta entidad no es parte de las jerarquías institucionales -las cuales tienen diferentes organigramas y redes denominacionales-.Es un ente que procura promover la unidad y cooperación entre las iglesias y promover el Evangelio de Jesucristo en las formas que le sean posibles, según reza su presentación oficial, lo cual le habilita a ocupar esta posición de actor socio-político, asumiendo una voz legitimada en nombre de éstas.

Estas congregaciones religiosas realizan trabajos de asistencia en los barrios donde se encuentran y su labor se sostiene, por lo general, con las ofrendas y donaciones de fieles pero también con recursos que proveen empresas cuyos líderes se vinculan a esta fe. Estas donaciones son movidas tanto por el amor al prójimo como por otros intereses, por ejemplo la obtención de beneficios impositivos. 

Si realizamos una lectura situada en el momento social político y económico que se viene delineando, emerge la necesidad de seguir comprendiendo lo social desde una mirada profunda de estos actores sociales en los barrios. ¿Quiénes son las personas que encarnan estas tareas en los territorios?; quienes militan en los partidos sociales y políticos ¿qué prácticas religiosas comparten en sus comunidades?; quienes abren un merendero para las infancias en una iglesia, ¿qué reflexiones sobre las desigualdades sociales están haciendo?; ¿con quiénes se tejen alianzas en el territorio para resolver las necesidades de las familias? En el barrio, quien cocina en la olla popular, también está en el culto del domingo de la iglesia pentecostal del barrio, y también acompaña a otras mujeres al centro de salud en situaciones de violencia de género. Nada de esto entra en contradicción en su vida cotidiana. Poner la mirada en los cuerpos, en los nombres propios de quienes habitan esos comedores, nos obliga a corrernos de la encerrona “política o religión” y complejizar la lectura de lo social de manera integrada, dejando de fragmentarla. 

Tal vez uno de los aspectos que puede alertar a quienes leen se relaciona con el aspecto simbólico de las organizaciones evangélicas en la sociedad y  el uso proselitista de estos espacios sociales. La II Encuesta de Creencias y Actitudes Religiosas publicada por CEIL/Conicet en 2019, refleja  el crecimiento de la población evangélica a más del 15% de la población. Sin embargo esto no implica una relación lineal de esta población con otros procesos sociales como son la adhesión a un determinado sector político. Las ciencias sociales en el campo religioso arrojan luz tanto a la diversidad de creencias y experiencias religiosas que las personas transcurren en su cotidianidad, que dan lugar a una multiplicidad de posiciones sociopolíticas al interior del universo evangélico.

Sin embargo, también es necesario señalar que junto la asistencia social y con el mensaje de fe, se transmiten posicionamientos ideológicos respecto del cuerpo, las formas de ser familia, la moral sexual, entre otras cosas. En estos espacios se traman relaciones de asistencia, de cuidado y de reciprocidad. De intercambio de bienes, servicios, pero también de consejería y reflexiones sobre la vida cotidiana que se traman con la intimidad de las personas. Allí muchas mujeres encuentran un espacio colectivo entre pares para hablar sobre crianza, sobre las dificultades con sus parejas y la familia. Dentro de estas relaciones, están quienes aconsejan con la legitimidad de hacerlo en nombre de Dios o la Biblia, lo cual otorga a su palabra mayo jerarquía simbólica. Estas interpretaciones no están exentas de sesgos personales y morales, y pueden ser palabras que otorguen tanto fortaleza, emancipación, como disciplinamiento y violencia. 

Si alguien pretende señalar que las organizaciones sociales “bajan línea” política e ideológica en su lugar de intermediarios, es necesario señalar que no existen iglesias “desideologizadas” y “apolíticas” y que las acciones que realizan pueden no ser partidarias, pero sí tienen una intencionalidad y posición respecto a ciertos temas de la agenda pública. Esto quedó en evidencia en los debates parlamentarios de los últimos años donde  sectores cristianos (evangélicos y católicos) tuvieron y tienen abierta participación pública -tanto a favor como en contra- en materia de ampliación de derechos de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral y otros derechos civiles como el matrimonio igualitario. 

En este afán, entonces, de poder delinear un panorama que permita analizar la polémica en torno a la asistencia social y los intermediarios, teniendo en cuenta la mayor cantidad de elementos y variables posibles, es útil preguntarse qué otras organizaciones de fe o de la sociedad civil han sido convocadas para la articulación con comedores y espacios de asistencia. En ese sentido, recientemente se dio a conocer también que se firmó un acuerdo con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN) para el trabajo en torno a la desnutrición infantil. El presidente de dicha asociación, Abel Albino ya dejó explícita su posición ideológica en torno a la salud sexual y reproductiva en los debates por la legalización del aborto en 2018 y en diversas apariciones en medios. De hecho, sus polémicos dichos valieron una declaración del INADI alertando sobre el carácter discriminatorio de sus expresiones. 

Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos donde se pone en relieve a los sujetos sociales que no viven estos espacios de manera fragmentada, y donde las instituciones asumen posicionamientos con intereses y posturas ideológicas propias direccionadas, podemos decir que queda de manifiesto que el problema original no era la intermediación propiamente dicha sino quiénes ocupan esas tareas. Al hacer este convenio con ACIERA, la gestión de gobierno profundiza la estigmatización a las organizaciones sociales y políticas de base territorial en contrapunto con entidades que se asumen “apolíticas” y alejadas de la corrupción, como serían las iglesias. Esta es una falacia que no aporta a la comprensión de nuestra sociedad actual y que las ciencias sociales vienen dando herramientas para desandar. 

Estado de alerta

La última alerta, nuevamente situada en este momento en el que el Estado desfinancia políticas públicas, tiene que ver con la desprofesionalización del trabajo de atención de las problemáticas sociales. En medio de despidos de profesionales y de reclamos salariales, de desfinanciamiento de programas de trabajo territorial y de los organismos de ciencia y técnica -que aportan al desarrollo de políticas públicas y sociales-, el Estado acude a quienes realizan asistencia por beneficencia para suplir las carencias que genera. 

Así no sólo se delegan las responsabilidades sociales a otros agentes institucionales por fuera del Estado, sino que también se desestiman los conocimientos producidos por la academia local, por profesionales con la formación necesaria para analizar, diagnosticar, asistir y abordar las necesidades sociales con fundamento científico.  El involucramiento de las organizaciones de fe en la vida pública y política no debería ser subsidiaria del quehacer del Estado. Este continúa siendo el principal responsable de garantizar la vida y el bienestar de su población como derecho, por lo que la asistencia no debe ser mercantilizada.

El trabajo de beneficencia y asistencia como acción solidaria, siempre será bienvenido, pero lejos está de la lectura profunda y compleja que profesionales de las ciencias sociales pueden hacer de las problemáticas comunitarias, familiares y territoriales, en las cuales el espacio del comedor es un dispositivo más en medio de una trama de recursos y estrategias para la supervivencia. 

*Por Melisa Sánchez

Melisa Sánchez es becaria posdoctoral del CONICET en el Instituto de Estudios Sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS, CONICET-UNC). Es Licenciada en Trabajo Social y Doctora en Estudios de Género. Su tema de investigación de doctorado fue sobre las normas religiosas de género y la agencia de mujeres evangélicas. Actualmente, en el marco del proyecto de investigacion de las Unidades Ejecutoras, se dedica al estudio de las políticas públicas para la prevención y erradicación de las violencias sexo-genérica, considerando las religiosidades como parte delas interseccionalidades que aportan potencialidades y obstáculos en su implementación.