El deber de colaboración con la administración de justicia penal. Problemas y desafíos de las nuevas leyes de seguridad e investigación de delitos complejos

 

- A cargo de la Dra. Anna Richter

 

Generalmente se considera que el Derecho penal se debe ocupar sólo de aquellas acciones humanas que impliquen un perjuicio sustantivo mutuo entre ciudadanos. Detrás de ello se encuentran dos consideraciones fundamentales: se asume que cada persona tiene la obligación básica de no dañar a otros y se afirma que el Derecho penal es la ultima ratio del Estado y sólo puede aplicarse a los casos más severos de daños que un ciudadano infringe a otro. Con eso, el Derecho penal queda limitado a aquellas situaciones en las que la obligación de no dañar a terceros ha sido violada de una manera tan grave que está justificada la aplicación de una pena como último recurso en el sentido de la segunda asunción.Sin embargo, en el Derecho penal hay ocasiones en las que se exige algo más del ciudadano: un comportamiento que va más allá de la mera abstención de dañar a otros, y se le exige ?o por lo menos se fomenta? una colaboración con la tarea estatal de la investigación del delito. Ejemplos para ello son el falso testimonio y la llamada ? ley del arrepentido?.Dado que estas figuras ?prima facie? no satisfacen la primera de las asunciones mencionadas, se plantea la pregunta de cómo se puede justificar su inclusión en el Derecho penal, y no meramente en el Derecho administrativo o contravencional. Si se considera que tales figuras no pueden imponerse por medio del Derecho penal, se sigue que toda ley o normativa de tal índole es problemática, cuando no inconstitucional. Aquí es de especial importancia la consideración de que esas instituciones servirían un fin funcional, en el sentido de que la colaboración de testigos y del ?arrepentido? facilitaría mucho o incluso sería indispensable para que el Estado pueda realizar su labor investigativa. Aquí parece haber una tensión entre la necesidad de investigar y sancionar los delitos complejos y la necesidad de limitar el campo de aplicación del Derecho penal a un mínimo. La investigación aquí propuesta pretende buscar una respuesta a la pregunta por los fundamentos jurídicos y políticos de los deberes de colaboración en el Derecho penal. En la búsqueda de respuesta a esta pregunta se pretende identificar criterios relevantes para proyectos de legislación concreta. En especial se pretende producir herramientas para el diseño y análisis de las múltiples reformas institucionales y legales en marcha en lo que atañe a la obligación de colaborar o declarar en la investigación de ciertos delitos como los de corrupción y financieros.