“Los voy a dejar sin un peso”

La dureza de las posturas económicas que sostiene el gobierno nacional nos generan preguntas tales cómo: ¿puede el gobierno federal asfixiar financieramente a las provincias?, ¿cuánto son los recursos que les corresponde a las provincias y a la nación?, ¿cómo lograr que la calidad de vida de todos los ciudadanos alcance niveles de mínima decencia? 

Las respuestas que nos brinda la Constitucional Nacional (CN) nos exigen interpretar valores ético-políticos que demandan, no solo una solución“ideológica” (sea cual sea el sentido de este término), sino también la mejor lectura de nuestros acuerdos constitucionales. Éstos nos imponen deberes de solidaridad y de lealtad que definen nuestra identidad como argentinos, y por eso mismo, estos acuerdos son fundamentales.

El federalismo argentino constituye la estructura arquitectónica del poder y a la vez una propuesta sobre cómo debemos ser como país, cómo debemos preocuparnos por la ciudadanía, y en especial, por quienes están peor. Eso y no otra cosa implica la equidad federal, y eso nos conduce a ser federalmente solidarios. Priorizar la situación de quienes están peor más allá del lugar geográfico en el que tuvieron la suerte de nacer.

Una federación a punto de romperse (o no)

No es ninguna novedad que en las últimas semanas la figura de los gobernadores, y su tensa relación con el gobierno central, ocupa un protagonismo poco habitual, potenciado notablemente por la cercanía del fracasado “Pacto de Mayo”. En esta ocasión, como en muchas otras a lo largo de la historia, la discusión sobre el federalismo y sus implicancias para la organización nacional, se torna urgente y sumamente importante. 

Empecemos aclarando que Argentina decidió organizarse estableciendo un esquema con diferentes niveles de poder: estado federal, estado provincial y municipios. Cada uno de éstos tiene sus propias facultades y competencias (que ejercita de manera exclusiva), lo que produce una descentralización del poder, cuyo fin es el de proteger a la ciudadanía de la tiranía y favorecer la autonomía política, entre otros. Pero, en ocasiones, un esquema federal también incorpora facultades cuyo ejercicio es compartido por varios niveles o requieren ejercitarse de manera colaborativa. Por ejemplo, en materia educativa, las provincias tienen que asegurar la educación primaria, pero el Congreso Nacional es quien tiene la competencia para dictar los programas de instrucción general y universitaria (Art. 75 inc. 18, CN).

Este fenómeno supone actos de coordinación y cooperación tan complejos que, en ocasiones, esta maraña de normas y estructuras institucionales produce, simplemente, confusión. Muchos han considerado que el federalismo argentino es un intrincado laberinto sin salida. Pero, para evitar lo que parece un resultado fatal, debemos complementar los análisis de las “normas” regulatorias y las interpretaciones del federalismo como un juego de agresión recíproca, con una dimensión ético-política. O, dicho más fácil, la comprensión cabal del federalismo hace necesario investigar cómo deben ser las relaciones entre los gobiernos provinciales y el estado federal.

Coparticipación equitativa

Uno de los aspectos más controvertidos del federalismo es la manera en que se distribuyen las finanzas entre los diferentes niveles, también conocida como “coparticipación”. Lo que podemos intentar es construir una salida al laberinto de la coparticipación federal apelando a una solución “factible” pero éticamente justificable. El artículo 75 inc. 2 de nuestra Constitución afirma que le corresponde al Congreso crear una Ley-Convenio que determine cómo se repartirán los recursos financieros del Estado recaudados tanto por las provincias como por la nación.

Además de que la Ley-Convenio debe ser suscripta mediante un procedimiento especial que exige mayoría de ambas cámaras legislativas, debe ser “aprobada” por cada una de las provincias. Aunque no está claro cómo se debe dar esta “aprobación”, si se trata de una aprobación legislativa (se entiende que se necesitaría la misma mayoría que para la aprobación en el Congreso de la Nación) o de un acto de los poderes ejecutivos locales. Es fácil imaginar, entonces, que para redactar una ley de esta naturaleza e importancia, hace falta la voluntad política de actuar buscando el bienestar general.

Discutir y eventualmente aprobar esta Ley-Convenio es una tarea impuesta por nuestras instituciones federales que permiten una especie de juego de negociación y permiten estrategias diversas por parte de los gobiernos locales y el gobierno nacional. Solicitar fondos a cambio de aprobar leyes, o, a la inversa, prometer fondos a cambio de aprobar leyes es, quizás, lo que sucede en la práctica.

Sin embargo, esta solución no necesariamente es éticamente justificable, si no se tienen en cuenta los valores plasmados en la Constitución Nacional y que son fundamentales. En ella se establecen criterios objetivos de distribución según las competencias, servicios y funciones de cada nivel, pero además, se incorporan criterios de justicia muy a menudo olvidados: el principio de equidad, el principio de solidaridad, y la prioridad que debe tener el objetivo de alcanzar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida, e igualdad de oportunidades.

Estos principios representan no sólo un objetivo aspiracional del Estado argentino, sino un deber constitucional y moral. Nos obliga a que las relaciones financieras reguladas por la Ley-Convenio -pero también toda otra relación financiera y distributiva- sean ajustadas a criterios de justicia social. Sería absurdo que estos principios fuesen válidos para evaluar una única ley, por lo que deben plasmarse en cualquier otro acuerdo federal que afecte la manera en que se distribuirán los recursos financieros de nuestra nación.

Esperanza o panic-show

Lo que está en juego, entonces, en toda esta discusión en torno a fondos, apoyos, aprobaciones, pactos o no pactos, es si esto debería ser discutido y acordado según la posición de fuerza de las partes, sin ningún otro parámetro más allá que la mera contraposición de intereses. Es ahora, quizás el momento para definir mejor lo que queremos que sea el bien común de nuestro país. Si dejamos fuera los argumentos valorativos y morales, el federalismo no sería nada más que una negociación, y no se puede decir que con ello hayamos satisfecho nuestras obligaciones constitucionales y honrado nuestros acuerdos fundamentales. Deberíamos conducir este acuerdo federal según valores que sean éticamente justificables. El federalismo es una esperanza de lo que podemos alcanzar, pero también representa el país en el que deberíamos convertirnos.

*Por Cristian Fatauros

Es Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Actualmente se desempeña como Profesor de Ética y de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho (UNC), Docente en las Maestrías en Derecho y Argumentación (UNC) y en la Maestría en Filosofía (UNQ). Su tema de investigación es “El valor de la igualdad económica, la igualdad equitativa de oportunidades, y organizaciones políticas federales. Fundamentos para una teoría federal de la justicia”